| Señales Posted: 03 Nov 2014 01:48 AM PST  
Posted: 02 Nov 2014 08:45 PM PST Mariana Moyano, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista de la TV Pública, Radio Nacional y docente de la UBA, refrita en Página una nota que en parte había publicado el 29 de septiembre en Diario Registrado. En ella trata de mostrar los vínculos entre Paul Singer, con la empresa Interpublic, y el Grupo Clarín a través de Cablevisión. Según Moyano "así como suena, son Interpublic y Magna las empresas en las cuales Cablevisión y Elliott se vuelven socios, donde Clarín y Paul Singer poseen una zona común". Pero Cablevisión es Cablevisión Systems Corporation, con sede en New York (ver www.cablevision.com). A continuación la nota de PáginaI12 y el comunicado oficial de la conformación de Magna, en agosto de 2013:El vínculo empresarial entre Paul Singer y ClarínPor: Mariana Moyano*Los comportamientos político-ideológicos caminan por un andarivel. Los cálculos matemáticos, por otro. Estas rutas –es cierto– suelen cruzarse. Los poderosos comparten intereses con mucha habitualidad. De todos modos, pensar las conductas sólo a través del mecanismo de causa/efecto es, al menos, excesivamente estructurado. Da mucho cuenta de cómo se teje la telaraña esa frase memorable acerca de que los dueños de todo, a veces, prefieren perder dinero antes que perder poder. Por lo tanto, si se quiere tener un diagnóstico preciso es obligatorio seguir, además de la ruta monetaria, la política. Y en el caso de los medios, la política editorial. Aclarado lo anterior –para que este texto no sea acusado de perspectiva cuadrada– es tiempo de ir al nudo. Clarín ha tenido en estos meses un –para decirlo con levedad– comportamiento benévolo para con Paul Singer en particular y con los fondos buitre en general. ¿Por qué? La respuesta política es harto conocida. Pero no es la única en este caso: tirando de Paul Singer llegamos a Clarín. No es una especulación, nos es un acto paranoide, no es una interpretación. Es un dato: hay una estructura empresarial que han bautizado con el nombre de Magna, en la cual Elliott Management (el fondo buitre que nos tiene a maltraer gracias a Thomas Griesa) y Cablevisión (la caja de funcionamiento y de donde saca su poder económico el grupo Clarín) tienen su vinculación empresarial. Y como de hilos se trata, pues, a desanudar la madeja. Hace rato ya que Singer tiene intereses en medios de comunicación. Tuvo y vendió acciones en Time Warner –la dueña de TNT, CNN, HBO y Warner Bros.–, pero no se alejó de la rama, sino que se metió en otro gigante, de esos que colonizan con información y con entretenimiento: la Twenty-First Century Fox. Ya lleva ganado el cuatro por ciento por el precio de cada acción. Se ve que construyendo imaginarios no le ha ido nada mal. Su participación en FOX asocia a Singer con el mayor accionista de esa cadena (News Corp), o sea, Rupert Murdoch, pero también con el JP Morgan Chase, ya que ese banco tiene acciones en la cadena. Murdoch y Singer son, se sabe, dos buenos aportantes a las arcas republicanas siempre encargadas de atender que Obama se mueva hacia la dirección que la derecha así lo ha decidido. Este es un claro ejemplo donde dinero, política e ideología caminan por la misma senda. News Corp es, además, propietaria del Grupo Dow Jones, poseedor del diario The Wall Street Journal, una de las "biblias" (como le dice el catedrático español Ramón Reig) del neoliberalismo junto con el británico The Financial Times. Y aunque estos medios compitan en la primicia, entre bueyes no hay cornadas y es por eso que ambos comparten la propiedad de la mayor editorial del mundo: Penguin Random House, que hace poquito compró, salvo Santillana, todas las editoriales al grupo Prisa. Este verano, Elliott Management invirtió mil millones de dólares para adquirir acciones de EMC Corporation, una de las seis empresas de almacenamiento de datos más importantes de los Estados Unidos, con una facturación de 23.200 millones de dólares y una filial en Argentina y con algunos importantes papelitos "casualmente" vueltos cenizas en el incendio de Iron Mountain. EMC ha sido acusada en no pocas ocasiones de colaborar con la NSA, la agencia de espionaje de EE.UU., y tiene entre sus accionistas a BlackRock Institutional Trust Company, N.A., Goldman Sachs Group, Inc. y Bank of New York Mellon Corporation. O sea, los que nos cuentan las costillas y quienes tienen hoy los depósitos hechos por los argentinos para los bonistas. Por estos días apareció una pieza más de este inmenso rompecabezas: a través del JP Morgan fue que el grupo Clarín transfirió tres millones de pesos a CG Domino SA en octubre de 2008, en momentos de una denuncia por manejo irregular del dinero de las AFJP. Hay una causa judicial por todo esto con pocas ganas de avanzar, parece. Lo novedoso es que CG Domino SA aparece también en el entramado presentado por la AFSCA en su denuncia pública de cómo el grupo pretendió presentar como legal una adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que era, en realidad, falsa, ya que escondía sociedades entre empresas y entre socios. Pero hay un dato más y que es donde más vemos la costura, donde la red de la araña muestra la hilacha: Singer compró el 6,7 por ciento (570 millones de dólares) de Interpublic, la nave nodriza de las enormes agencias de publicidad Mc Cann y FCB (Foote, Cone & Belding). Pero hete aquí que un dato de esta trama –que si no fuese red, sería novela– da de lleno en el corazón argentino: según Reuters, el valor de la empresa es de 8400 millones de dólares y sus inversiones superan los 25 mil millones de dólares y esa montaña de dinero está ahí porque fue utilizada para que Interpublic IPG creara IPG Mediabrands, una estructura para medir las inversiones en medios de varios clientes. La planificación global de las nuevas tecnologías se volvió urgencia para algunos megagrupos oligopólicos y en 2013 desde estas empresas crearon Magna, un consorcio que trabaja en conjunto para acelerar soluciones en la adquisición de la estructura digital de los medios audiovisuales. Los fundadores de toda esta red fueron A+E Networks, AOL, Clear Channel Media and Entertainment y Cablevisión. Sí, así como suena, son Interpublic y Magna las empresas en las cuales Cablevisión y Elliott se vuelven socios, donde Clarín y Paul Singer poseen una zona común. Me gusta esa frase de Rodolfo Walsh sobre que siempre hay que elegir la "sutil discriminación antes que el rechazo en bloque", porque permite abrir y no trazar líneas que, a veces, se llevan puestas zonas grises que toda política posee por definición. Pero hay veces en que uno no puede dejarse engañar y lo que parece, es: si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola sin dudas es perro. Y cuando es negro, aletea y busca carroña, pues no puede esconderse. Es, desde este punto del Cono Sur a la hiperquinética Manhattan, guste o no, buitre. *Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), periodista, docente.IPG Mediabrands Forms Magna Consortium with A+E Networks, AOL, Cablevision, Clear Channel Media and Entertainment and TribuneNew York, NY, August 19, 2013 –Today, IPG Mediabrands announced another major step toward an automated future. Six months ago, Mediabrands put a stake in the ground to deliver at least 50% of their clients' buys through automation by 2016. After months of critical conversations with the industry's most important players, a consortium of like-minded companies has been formed. A+E Networks, AOL, Cablevision, Clear Channel Media and Entertainment and Tribuneshare in the determination to bring the industry forward in the service of both clients and their audiences, and will work together with Magna Global to establish an industry-leading end-to-end, integrated programmatic-buying business model to drive critical automation advances across all media transactions. The Magna Global Consortium will work to substantially improve the media planning and buying process, leading the way to a scalable, omni-channel marketplace. Together, the Consortium will work to deliver: Innovative ways to drive more precise targeting and greater performance through the use of data Exploration of opportunities to modernize and streamline media negotiations through expanded use of data and technology- based buying platforms Application of technological solutions to automate legacy buying systems and processes across traditional and digital media. Through this alignment, IPG Mediabrands will have access to Consortium members' select media and data through Magna Global. Available inventory will include Display, Video, Mobile, Digital Out-of-Home, Radio and TV, and will include assets not previously available through automated buying systems. "We believe that data and technology are irrevocably changing the way inventory will be bought and sold – and that we have an opportunity to drive this change. The commitments we have made alongside our partners allow us to focus on consumers' conversations themselves, rather than solely where their conversations take place. While we believe that the entire industry, traditional and digital included, can benefit through increased leverage of data and technology, it is really about making much greater impact for clients and brands," said Matt Seiler, Global CEO, IPG Mediabrands. "We estimate that about half of the annual media investments will be delivered via more automated channels by 2016. The good news is that our charter members were quick to sign on to develop a plan forward. Our goal is to ignite real change in the way media is transacted for the industry. I look forward to other industry leaders joining this consortium to help move the industry forward," added Tim Spengler, Worldwide CEO, Magna Global. For clients, this means greater precision and efficiency in reaching their target audiences with relevant content across all forms of media. "With the recently launched Mediabrands Publishing unit alongside the wider automation platform, we become even better at delivering the stories that matter most to the people to whom they matter," added Seiler. "We are proud to be part of IPG's consortium and applaud their leadership in driving data innovation and automated media buying. We firmly believe that this approach will explode creativity in the marketplace and enable agencies, advertisers and publishers to focus on driving unprecedented client value and the most engaging user experiences," said Bob Lord, CEO of AOL Networks. "Cablevision is committed to pursuing any opportunity that results in an improved television experience for consumers and advertisers. Our work with IPG Mediabrands and the Consortium will accelerate the pace of innovation in TV advertising by using technology to drive meaningful advancements for the entire industry," said Tad Smith, Cablevision's president of Local Media. "We are excited to be a charter member of Magna Consortium. Clear Channel Media and Entertainment's focus on innovation across our broadcast and digital platforms aligns perfectly with the mission of the consortium, "said Tim Castelli, President of National Sales, Marketing and Partnerships for Clear Channel Media and Entertainment. "Our current technology infrastructure will not only help automate the traditional media buying process, but will also allow partners like IPG to better leverage our national scale and local activation capabilities for their clients."
About IPG MediabrandsWe were founded by Interpublic Group (NYSE: IPG) in 2007 to manage all of its global media related assets. Today that means we manage and invest $36 billion in global media on the behalf of our clients, employ over 7,500 diverse and daring marketing communication specialists worldwide and operate our company businesses in more than 127 countries. A proven entity in helping clients maximize business results through integrated, intelligence-driven marketing strategies, we are a global holding company that enhances offering and performance across its network of media agencies including UM, Initiative, BPN, Orion Holdings, ID Media and its roster of specialty service agencies including Magna Global, Mediabrands Audience Platform (Cadreon, Reprise Media, Ansible, Spring Creek Group), Mediabrands Publishing, the IPG Media Lab, Ensemble, and Identity. For more information, please visit www.ipgmediabrands.com and follow us on Twitter @IPGMediabrands or Facebook. About Magna GlobalMagna Global is the strategic global media unit of Interpublic Group, driving forecasts, insights and negotiation strategy across all media channels. The Magna Global Intelligence Unit delivers the industry's most accurate and authoritative forecast of media value. The Magna Global Investment Unit harnesses $36 billion of IPG Mediabrands global media billings. Follow us on Twitter for updates @MagnaGlobal. About AOLAOL Inc. (NYSE: AOL) is a brand company, committed to continuously innovating, growing, and investing in brands and experiences that inform, entertain, and connect the world. The home of a world-class collection of premium brands, AOL creates original content that engages audiences on a local and global scale. We help marketers connect with these audiences through effective and engaging digital advertising solutions. About CablevisionCablevision Systems Corporation (NYSE: CVC) is one of the nation's leading media and telecommunications companies, delivering its Optimum-branded television, Internet, and voice offerings throughout the New York area. Cablevision's local media properties include News 12 Networks, MSG Varsity and Newsday Media Group. Additional information about Cablevision is available on the Web at www.cablevision.com. About Clear Channel Media & EntertainmentWith 243 million monthly listeners in the U.S., Clear Channel Media & Entertainment has the largest reach of any radio or television outlet in America. Clear Channel Media & Entertainment serves 150 markets through 840 owned radio stations, and the company's radio stations and content can be heard on AM/FM, HD digital radio, satellite radio, on the Internet at iHeartRadio.com and on the company's radio station websites, on the iHeartRadio mobile app, in enhanced auto dashes, on iPads and smartphones, and used via navigation systems. iHeartRadio, Clear Channel's digital radio platform, is the No. 1 all-in-one digital audio service with 210 million downloads; it reached 20 million registered users faster than any digital service in Internet history. The company's operations include radio broadcasting, online and mobile services and products, live concerts and events, syndication, music research services and independent media representation. Clear Channel Media and Entertainment is a division of CC Media Holdings, Inc. (OTCBB: CCMO), a leading global media and entertainment company. More information on the company can be found at clearchannel.com and clearchanneloutdoor.com. Like us on Facebook at www.facebook.com/iHeartRadioFollow us on Twitter at www.twitter.com/iHeartRadioContact:Lauren SnyderChief Communications OfficerIPG MediabrandsLauren.snyder@mbww.comFuente: IpgmediabrandsLos finales de las notas en Diario Registrado y PáginaI12. Uno con cita de Tomás Eloy Martínez y el otro con frase de Rodolfo Walsh: | Posted: 02 Nov 2014 12:45 PM PST Por: José CrettazTelecom Personal pagó más caro, pero se llevó la mayor tajada durante las nueve horas de "puja" -12 horas en total, incluido un ensayo- que llevó la subasta de espectro para telefonía 3G y 4G realizada anteayer en Tecnópolis. AMX Claro salió hecho y Telefónica Movistar fue la que menos frecuencias logró. Arlink, propiedad del grupo Manzano-Vila, pasó a retirar lo suyo (el bloque de espectro asignado para el "nuevo entrante" en el negocio móvil), pagó el precio base y se retiró. Según anunciaron el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y el subinterventor en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Nicolás Karavaski, el gobierno nacional recaudó US$ 2233 millones. No quedó claro en qué moneda se pagará: el pliego de condiciones exige dólares, pero las circulares aclaratorias (que tienen valor de pliego) permiten pagar en bonos nominados en pesos. Los funcionarios anunciaron además que recién en 15 días se difundirá el resultado de la subasta, que con el sistema de "rondas" se realizó a puertas cerradas en el parque temático del gobierno nacional. Según pudo saber La Nación, Personal se quedó con el lote 8, de 50 MHz (20 MHz en la banda del 700 y 30 MHz en la de 1700) y pagó US$ 602 millones; Claro, con el lote 9, también de 50 MHz (30 MHz en 700 y 20 en 1700), y pagó US$ 590 millones, y Telefónica, a cambio de US$ 427 millones con el lote 10, que en total tiene 40 MHz, es decir, diez menos que sus dos competidores. Por el tipo de frecuencias, la ubicación y la limpieza de la banda, Personal pagó más, pero se quedó con el mejor lote. La estrategia de Telefónica parece ser otra: gastará menos, tiene una mejor red -en los últimos meses consiguió nuevos sitios donde instalar radiobases- y consideraría suficiente el espectro que tendrá, entre el que ya opera y el que subastó. Personal es la operadora móvil del grupo Telecom, cuyo accionista principal es Telecom Italia, acompañado en minoría por el grupo Werthein y el recién ingresado Fintech, del mexicano David Martínez (también accionista de Cablevisión y uno de los mayores tenedores de bonos de la deuda argentina reestructurada). Telecom Italia (cuya facturación en 2013 fue de 23.407 millones de euros) tiene en venta su participación en la operadora argentina desde hace meses. Una oferta de compra por parte de Fintech por unos US$ 900 millones fracasó debido a la demora de las autoridades argentinas en aprobar la transacción. Como eso ponía en riesgo la participación de Personal en la licitación de 4G (clave para el futuro de la empresa), Fintech retiró la propuesta y decidió comprar sólo el 17% y hacer una oferta por el resto de las acciones que le permitirán controlar la compañía y que quedará supeditada a la aprobación oficial. Personal también obtuvo un lote de espectro 3G clave para mejorar fácil y rápidamente las comunicaciones actuales, de muy mala calidad en todas las operadoras. Además, si el Congreso aprueba el proyecto de ley de telecomunicaciones, Fintech no tendrá que vender su participación en Cablevisión. El proyecto oficial "exceptúa" a las telefónicas de cumplir con el artículo de la ley de medios que les prohibía dar TV por cable. Esa cuasi derogación también beneficia a Telefónica de España, que ahora podrá retener Telefé y no afectará la adecuación de Radio Continental (donde también tiene intereses a través de su participada Grupo Prisa) y a Claro, del poderoso Carlos Slim, también mexicano. Martínez, que se caracteriza por comprar empresas endeudadas o en problemas, recomponerlas y venderlas, tuvo siempre una excelente relación con los Kirchner, a quienes asesoró en varios tramos de la negociación con los fondos buitre. En sus balances, Personal declara una buena cantidad de bonos nominados en pesos con vencimiento en 2015, los mismos que el gobierno aceptaría para pagar el espectro. Una fuente que participó de la subasta afirma que el espectro se pagará 50% en pesos y 50% en dólares. Otro hombre cercano a los Kirchner es José Luis Manzano, ex diputado y ministro menemista. Ese vínculo se gestó a principios de los años 90 y nunca se cortó. Manzano, reconvertido en empresario y asociado a su comprovinciano Daniel Vila, mantuvo viva la relación incluso cuando su socio acusó al Gobierno de "parecer una dictadura", cuando impulsó la ley de medios en 2009. Ahora, con Arlink, proveedora de Internet de su cableoperadora Supercanal (cuyo concurso de acreedores aún no se cerró), Manzano-Vila accede al negocio de la movilidad. Y todos los ojos vuelven sobre Nextel, que podría proveerles de los sitios necesarios para desplegar la red 4G. La subasta fue celebrada como un éxito por Berner y Karavaski, dos referentes de la agrupación La Cámpora. De hecho, el interventor de la CNC desde 2004, Ceferino Namuncurá, no apareció en el acto ni en la propaganda difundida por la Secretaría de Comunicaciones. 2233 millones de dólares Es el monto recaudado por el Gobierno en la subasta de espectro para 3G y 4G Fuente: Diario La Nación | Posted: 02 Nov 2014 12:04 PM PST La asamblea de trabajadores de Diagonales, portal digital recientemente transferido por Infofin S.A. a otra firma, manifestamos nuestra preocupación por la situación de tres compañeros que no fueron incluidos en el proceso de traspaso y cuya continuidad laboral –creemos- está en riesgoLlegamos a esta situación después de tres meses de incertidumbre que incluyeron una presunta venta de la firma Infofín S.A. –propietaria de la marca Diagonales- de parte del Grupo Veintitrés, encabezado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, a Loro Comunication, de Daniel Olivera. En el camino, la empresa abrió un proceso de retiros voluntarios al que se acogieron 13 compañeros de un total de 27. Una vez concluido el mismo, se produjo la cesión del medio a otro grupo empresario pero incluyendo sólo a 11 de los 14 trabajadores de Diagonales, por lo cual tres compañeros continúan en la firma Infonfin S.A., la cual tras el desprendimiento de Diagonales no posee ningún medio en la ciudad de La Plata. Por ello, los trabajadores de Diagonales nos mantenemos en alerta y pedimos a los responsables de Infofin S.A. que garanticen la continuidad de los tres compañeros. Además, exigimos que de manera urgente se regularice el pago de los aportes jubilatorios a todo el plantel que en los registros de Anses figuran impagos, en la mayoría de los casos, desde 2009 a la actualidad. Trabajadores de Diagonales  | Posted: 02 Nov 2014 11:41 AM PST Telefónica, investigada por Ciccone y la efedrina, retiene Telefe. Martínez, en Telecom, con vía libre para el cable. Clarín tendría más competenciaPor: Gabriel Ziblat"La velocidad con la que presentaron el proyecto obedece a la pelea política". La conclusión no es de un opositor, sino de un funcionario oficialista que reconoce que el proyecto de ley Argentina Digital, con el que el Gobierno promete liberalizar el mercado de las telecomunicaciones, se inscribe como un capítulo más de la batalla abierta con el Grupo Clarín, al tiempo que afecta intereses cruzados de otros importantes grupos económicos. La convergencia digital es una medida necesaria y defendida desde todos los sectores políticos. El problema es cómo implementarla sin generar fuertes desequilibrios. Telefónica aparece como la principal beneficiada. Tenía dificultades para seguir conservando Telefe, algo que la Afsca seguía esquivando tratar pero que tenía que afrontar luego de rechazar la adecuación voluntaria de Clarín. El proyecto no sólo le permitiría a Telefónica seguir controlando el canal de mayor rating sino que también podría empezar a prestar un servicio de TV paga (en otros países de la región tiene TV satelital). En el último año, la empresa, de capitales españoles, quedó envuelta en importantes casos judiciales: por un lado, Movistar fue allanada por estar sospechada de adulterar registros de llamados de funcionarios involucrados en la causa que investiga el tráfico de efedrina, y por el otro, un ex gerente de Telefe, Gabriel Bianco, atestiguó en la causa Ciccone que presentó a los dueños de la empresa con Amado Boudou en un estudio de TV. Telecom y Claro, las otras dos "telcos" principales, también quedan bien perfiladas con el proyecto, ya que podrán incorporar la televisión a sus servicios de telefonía e internet que ya prestan. El caso de la primera es especial. El empresario mexicano David Martínez compró el 22% de las acciones de Telecom Argentina y sólo necesita el visto bueno del Gobierno para quedarse con el control de la empresa. Además, tiene el 40% de Cablevisión, algo que según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no podría mantener, pero con el nuevo proyecto no habría incompatibilidad. Además, sus fondos de inversión tienen en su cartera deuda argentina y en su momento Martínez declaró que aceptaría el cambio de sede de pago, lo que nunca ocurrió. Desde el Grupo Clarín ya salieron a decir que el proyecto busca "destruir" Cablevisión/Fibertel, la principal fuente de ingresos del multimedio. La empresa es dominante en el terreno audiovisual pero queda relegada a un lejano cuarto lugar en el plano de las telecomunicaciones. Durante cinco años logró trabar la aplicación de la Ley de Medios, y se encaminaba a dividirse en seis, bajo su criterio, pero el Gobierno decidió aplicarle la adecuación de oficio. El viernes, la Justicia frenó parcialmente esa medida pero rechazó otro pedido del grupo para frenar la licitación de frecuencias 4G. El problema es que Cablevisión quería entrar al negocio de la telefonía móvil pero no jugó en la licitación aduciendo que el pliego favorecía a los actores existentes y no a los entrantes, y que había que pagar en dólares. Vila-Manzano, al acecho en el 4GCablevisión quería entrar al negocio de la telefonía móvil, pero no jugó en la licitación de 4G que se subastó el viernes aduciendo que el pliego favorecía a los actores existentes y no a los entrantes, y que había que pagar en dólares. El lugar para nuevos actores lo ocupó Arlink, de Daniel Vila y José Luis Manzano, que en la pata audiovisual presentaron un plan para dividir sus empresas (y así adecuarse a la ley), pero ahora se presentan en conjunto (Afsca rechazó el plan de Clarín diciendo que había vínculo societario entre miembros de las unidades 1 y 2). Los resultados y la forma de pago de la subasta del 4G recién se conocerán en quince días. Hubo ofertas por US$ 2.233 millones. Fuente: Diario Perfil | Posted: 02 Nov 2014 11:22 AM PST Por: Gustavo Fontanals*Al igual que Carlos Menem y Néstor Kirchner, Cristina Fernández elige el final de su mandato para intervenir en la configuración del mercado de las telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto Argentina Digital replica la principal falencia del marco normativo vigente: la capacidad discrecional del Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales, excluyendo a otros canales institucionales. El Gobierno volvió a sorprender esta semana a propios y extraños con el anuncio del envío al Congreso de un Proyecto para una nueva Ley Nacional de Telecomunicaciones, al que denominó Argentina Digital. El mismo busca englobar bajo una misma normativa al vasto campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), alentando la confluencia de redes de telecomunicaciones fijas, móviles y satelitales para la prestación de servicios de transmisión de voz, audio, video y datos en general. Y que, a diferencia de lo que sucede actualmente, permite a las empresas de telecomunicaciones ingresar en radiodifusión, especialmente a TV paga, habilitando así la denominada convergencia tecnológica (el Triple o Cuadruple Play, la provisión de todos los servicios por parte de un mismo proveedor). El texto modifica en ese punto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), aunque se cuida en remarcar que no contempla la regulación de radiodifusión y generación de contenidos, que seguirán bajo la órbita de la LCSA. Nos proponemos aquí un análisis político institucional, que pase revista a las motivaciones potenciales y a los principales ejes regulatorios, para terminar enfocando en el esquema de toma de decisiones que emerge del proyecto. Por una cuestión de espacio, no nos dedicaremos a su desglose, para lo cual recomendamos los análisis de Juan Gnius, Fernando Krakowiak y Martín Becerra. Los tiempos de la políticaNo deja de ser llamativo el momento elegido por el Gobierno para anunciar el proyecto. Por un lado, es entendible que se decida a avanzar antes del fin de su mandato en un campo de alta trascendencia y que presenta notorias falencias. Como referimos al analizar la convocatoria a la licitación de espectro, cuando se mira retrospectivamente las políticas de telecomunicaciones en la región se observa una fuerte coincidencia: los gobiernos salientes buscan cerrar las asignaciones u otras decisiones sectoriales de importancia que tienen al alcance de la mano. Esto les permite recaudar fondos fiscales y/o poner sobre la mesa su capacidad para intervenir en la conformación del mercado, condicionando la actuación de otros actores involucrados. En el caso argentino, eso se registró al final del Gobierno de Menem con su intención de reglamentar la liberalización de las telecomunicaciones y la convocatoria a la última licitación de espectro, o incluso estirándonos un poco al final del mandato de Néstor Kirchner con la sanción de la LSCA. En este caso en particular no se trata específicamente de fondos fiscales ( los que sí vienen con la subasta de espectro también en marcha), pero sí permite al Gobierno poner en evidencia su capacidad para avanzar sobre la configuración del sector, condicionando al resto de los actores involucrados. Lo que, como marcamos, no sólo impacta sobre telecomunicaciones, sino también sobre radiodifusión. Un poder considerable para un Gobierno amenazado por el "síndrome del pato rengo". Por otro lado, no puede pasar desapercibido que el anuncio se haya hecho tan sólo dos días antes de que se concrete la mayor subasta de espectro de la historia, dado que implica un cambio radical del marco normativo al que se verán sujetas las empresas adjudicatarias. El Gobierno no dio ningún indicio de que evaluara avanzar con una nueva ley, ni abrió ninguna instancia de intercambio previo con los actores interesados, al menos públicamente (a diferencia del extenso proceso de foros federales de la LSCA). Esto ha dado lugar a dos interpretaciones distintas. Por un lado, que el proyecto y la habilitación del ingreso a TV paga es una herramienta de cambio de último momento con las telcos, que se mostraban renuentes a pagar en dólares por la subasta de espectro. O por el contrario, que las telcos ven con desconfianza el sorpresivo anuncio de cambio normativo a días de la subasta, por el que se sienten perjudicadas, planteando dudas sobre su participación. Poco podremos clarificar aquí sobre las intenciones mentadas de los decisores, pero no se puede negar que se trata de una coincidencia de tiempos sorprendente. Por otro lado, el proyecto parece redactado con alto nivel de generalidad, derivando gran parte de sus aspectos centrales a la reglamentación posterior, lo que lleva a preguntarse si no pasó muy rápidamente de los cajones a la mesa de negociaciones. Eso hace probable que reciba modificaciones y/o especificaciones de importancia durante el tratamiento legislativo. Los ejes de la políticaEl Gobierno justificó el proyecto como respuesta a dos falencias notorias, que eran resaltadas por diversos sectores y pesaban sobre sus hombros: la existencia de un marco sectorial vetusto y fragmentado, que no da cuenta de los cambios registrados ni logra afrontar las evidentes falencias en la prestación de los servicios; y la exclusión de la convergencia tecnológica en la Ley Audiovisual. En este sentido, se propone reemplazar la totalidad de las normas que regulan el sector, que tienen como base el Decreto-Ley de Telecomunicaciones sancionado en 1972 por el Gobierno de Lanusse, complementado por una sucesión de regulaciones ad hoc que se fueron acumulando por más de 40 años (entre las que se destacan los contratos de privatización de ENTel y el Decreto 764/00 de Liberalización de las Telecomunicaciones). Y apunta a incorporar buena parte de las recomendaciones y/o prácticas en boga para el sector a nivel mundial y regional, entre las que se destaca la consideración de las TIC como un derecho humano a ser solventado como servicio público por parte de operadores en competencia (privados, cooperativos y/o públicos), bajo la tutela de un Estado planificador que se sustenta en un fuerte poder regulador e interventor. Así, el Estado tiene la capacidad para otorgar o quitar las licencias de prestación de servicios o de uso del espectro radioeléctrico, direccionar recursos de inversión en redes por medio del programa de Servicio Universal y de la Coordinación con los gobiernos provinciales o municipales, fijar las tarifas mayoristas y finales, determinar si algún operador es preponderante e imponerle una serie de medidas asimétricas para contrarrestar su dominio, entre otras. Debemos destacar, sin embargo, que muchas de estas capacidades se encuentran enunciadas pero sin que se defina sus formas concretas de aplicación, las que se derivan a su reglamentación posterior por parte de la Autoridad de Aplicación. A su vez, el proyecto reincorpora otra serie de medidas regulatorias que ya están presentes en la normativa por el Decreto 764/00, como las obligaciones de interconexión entre prestadores y de desagregación del bucle final o del abonado a precios regulados. Medidas que, remarquemos, han tenido una aplicación precaria o nula por más de una década, bajo la propia decisión del Gobierno. Y que, aunque positivas, presentan ahora un impacto menor frente a un mercado maduro con grandes operadores consolidados, y en el que el cambio tecnológico quitó atractivo a las redes locales de pares de cobre de las grandes operadoras. La convergencia tecnológicaA esto se suma uno de los puntos centrales que introduce el proyecto: la convergencia. Como analizamos en esta columna, el desconocimiento de la convergencia en la LSCA conllevó un fuerte desincentivo para el desarrollo de las redes cableadas, provocando que las principales empresas del sector (las grandes telefónicas pero también las principales cableras) pusieran un freno a su actualización tecnológica. Eso nos llevaba concluir la conveniencia de una normativa que distinguiera entre distribución y generación de contenidos, regulando en forma diferenciada cada esfera. Algo que, de forma un poco más laxa, propone este proyecto: no impide a las propietarias de las redes participar en la generación de contenidos, pero les exige la conformación de unidades de negocio separadas, prohibiendo la aplicación de ventas atadas, subsidios cruzados y otras "prácticas anticompetitivas". Hay dos características fundamentales que se deben tener presente respecto a las redes de telecomunicaciones en la actualidad. Por un lado, que tras la digitalización la distinción histórica entre redes de telecomunicaciones y de TV por cable perdió sentido: con mayor o menor capacidad, ambas transportan datos, que pueden corresponder a diversos servicios. Eso determina que la convergencia sea inexorable, y hace obtuso pretender separar por ley aquello que la tecnología ha puesto junto. Pero hay otro dato crucial: la importancia de las economías de escala (a mayor cantidad de usuarios servidos, menores costos; a mayor tamaño de empresa, mayor capacidad de afrontar inversiones de envergadura con altos costos hundidos). De este modo, tanto por tamaño como por capacidad de diferenciación, existe una fuerte tendencia a la consolidación y concentración del mercado. Frente a ello, la mejor forma de frenarla no es la imposición de límites normativos a los servicios y la cobertura de las redes, sino propiciar lo más posible la competencia de infraestructuras. Y es aquí que el Estado retoma una función esencial: se requiere una regulación pública que limite el abuso de posiciones dominantes, con foco en medidas de asistencia asimétrica para impulsar la competencia o, en su defecto, un control efectivo sobre el prestador preponderante o monopólico. Es aquí donde se justifican muchas de las herramientas regulatorias introducidas en el proyecto, como la desagregación de redes, la prohibición de subsidios cruzados y la capacidad de imponer regulaciones asimétricas a los actores dominantes. A su vez, el proyecto mantiene la vigencia de las limitaciones de cobertura introducidas por la LSCA (el máximo de 24 licencias y el tope de 35 % del mercado nacional). Eso refuerza la posibilidad de que las telefónicas opten por concentrar su incursión en TV paga en las localidades más rentables, los principales centros urbanos, en los que obtendrían mayor valorización de las necesarias inversiones de red (hay que remarcar que para brindar IPTV se requiere de una conexión de banda ancha robusta, que permita transmitir señales de video a más de un televisor junto con el uso cotidiano que se haga de Internet). Por otro lado, tampoco hay que descartar que las grandes telefónicas se decidan por un sistema de TV satelital DTH al estilo de DirecTV, algo por lo que ya han optado en otros países de la región y que les permitiría contar con una única licencia con cobertura en todo el país. Por otro lado, el proyecto no incorpora la principal demanda de los cableoperadores respecto a la convergencia, que ya fue aplicada en varios países: un período de transición que les permita tanto adaptar sus redes a servicios digitales como acceder a una cuota del mercado de telecomunicaciones antes de la apertura a la competencia. El problema político-intitucionalHay una salvedad crucial al proyecto con la que queremos concluir el análisis. Se trata de la forma en la que se replica la principal falencia del marco normativo vigente: la capacidad discrecional del Ejecutivo sobre la toma de decisiones sectoriales. El Proyecto deriva a la Autoridad de Aplicación que designe el Ejecutivo la capacidad para tomar todas y cada una de las potestades de regulación que se le asignan al Estado. No se le pone nombre, pero se puede inferir que se trataría de una Secretaría o incluso un Ministerio de Comunicaciones. A la vez, se le adjudica a esa autoridad la capacidad para definir la reglamentación concreta de la mayoría de sus capacidades de regulación, y para modificarla. De este modo, a diferencia de lo que sucede en otros casos citados como referencia en el proyecto, no se prevé la conformación de un órgano de aplicación y regulación autónomo (como el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México), de un organismo colegiado que contemple la integración de otros actores (como por ejemplo fue concebido el AFSCA con directores nombrados por la oposición) ni ningún otro canal institucional que contemple el acceso de otros organismos públicos (como el Congreso) o sociales (colegios profesionales, representantes académicos, asociaciones de usuarios o consumidores, etc) ni de los operadores del servicio. Tampoco se prevé, como en el caso de Colombia, la realización periódica de audiencias o consultas públicas, ni la presentación de agendas de trabajo. De este modo, se vuelve a otorgar la plena capacidad de la toma de decisiones sobre las políticas sectoriales a la cúpula del Gobierno, y no sólo del presente sino también de los que le sigan. Y el problema principal no es la dependencia de lo correctas o erradas que sean las intenciones del Gobierno de turno. La experiencia de las décadas pasadas ha mostrado que esa concentración de la capacidad de decisión no significa la exclusión del resto de los actores interesados (entre los que se destacan las grandes operadoras). Sino que más bien resalta la conformación de un esquema de negociaciones informales con centro en la alta jerarquía política del sector: el Ministro de Planificación, el Secretario de Comunicaciones y sus intercambios con otros altos funcionarios del gobierno y con otros actores públicos o privados que coyunturalmente logran acceso. Un esquema del que por norma no emerge información pública, quitando toda posibilidad de transparencia y accountability. Y que aumenta considerablemente las oportunidades de captura del decisor y/o del regulador, que muchas veces quedan sujetos a intereses particulares de corto plazo (sean políticos, sean de negocios) que se imponen sobre objetivos sectoriales o sociales de más largo plazo. Es sobre ese punto que debemos llamar la atención, y sobre el que sería interesante que los legisladores pongan una señal de alerta. *Politólogo. Investigador UBA. Especialista en telecomunicaciones
Fuente: Bastión Digital | Posted: 02 Nov 2014 10:59 AM PST En una reunión en Villa Lugano con la cooperativa textil Trabajo Genuino, el diputado y candidato a presidente Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) afirmó: "Como ayer lo fue la Ley Chevron, la nueva Ley Telefónica es otro traje K hecho a medida para las multinacionales. Cristina Kirchner se desdice así de la postura que tuvo cuando hizo aprobar su ley de medios". Bodart agregó: "Mientras relega a los medios alternativos y comunitarios, el gobierno quiere habilitar una mayor concentración y fortalecer los multimedios adictos. Para que se oigan 'todas las voces' hay que desenmascarar su doble discurso y avanzar a una genuina democratización comunicacional". Dicen que Argentina Digital es "una ley para los amigos del poder"Para el diputado Valdés, quien integra la Comisión de Libertad de Expresión, la ley enviada por el Ejecutivo nacional al Congreso es para generar negocios de los empresarios amigos y continuar la guerra personal con el Grupo Clarín"La Ley de Telecomunicaciones presentada por el Gobierno viola la Ley de Medios y es un atentado a la democratización de la palabra", señaló el diputado nacional Gustavo Valdés (UCR-Corrientes), integrante de la Comisión de Libertad de Expresión, y agregó que "la Ley de Medios, la Ley de Hidrocarburos y ahora la Ley Argentina Digital que promueve el Gobierno Nacional, no son normas destinadas a beneficiar a la sociedad, sino leyes para los empresarios amigos que les garanticen impunidad y negocios cuando los K no estén más en el poder". El legislador correntino piensa que se trata de "una ley está hecha para que las empresas de telecomunicaciones puedan participar del mercado audiovisual. Es una ley discriminatoria porque permitirá que las telefónicas ofrezcan Telefonía fija, Celular, Internet y Televisión por Cable en todo el país mientras que la Ley de Medios pone límites a las empresas Audiovisuales para ofrecer los mismos servicios". Valdés anticipó que "vamos a solicitar que se convoque a Martín Sabatella al Congreso para que explique porqué, desde el AFSCA no trataron los planes de adecuación de Telefé a la Ley de Medios, controlada por Telefónica, y si la demora fue para darle tiempo al Ejecutivo a presentar la Ley Argentina Digital que beneficia a la empresa española". "Al Gobierno Nacional solo le interesa manipular políticamente los contenidos de los medios de comunicación. La Ley de Medios y ahora la Ley Argentina Digital tienen un solo objetivo que es continuar su guerra personal con el grupo Clarín e instaurar un relato donde las voces de la oposición no tengan eco para que no se hable de Inflación, Recesión, Inseguridad y Pobreza, los verdaderos problemas de nuestro país", finalizó el diputado el integrante de la comisión de Libertad de Expresión en el Congreso. Fuentes: Parlamentario, Prensa Alejandro Bodart | Posted: 02 Nov 2014 09:02 AM PST La Comisión Interna y los trabajadores de prensa del noticiero de la Televisión Pública apoyamos la lucha de la Asamblea de trabajadores del Grupo Veintitrés y repudiamos enérgicamente la anunciada intención del grupo encabezado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, de despedir a 10 trabajadores, ejecutando un ajuste que pretenden hacer pagar a los trabajadores, a pesar de los cuantiosos subsidios que reciben del Gobierno Nacional. De la misma manera nos solidarizamos con los trabajadores de prensa del diario Hoy de La Plata que fueron despedidos y luego reprimidos brutalmente por la policía bonaerense. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo explícito que nos hicieron llegar los compañeros de TelAm, Radio Nacional, la Interradial y la Intercanal, y las agrupaciones Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP), la Naranja, y el Movimiento Sindical de Prensa (MSP) en nuestra lucha contra la persecución política, laboral y gremial emprendida contra los periodistas de la Televisión Pública por la gerencia de noticias a cargo de Carlos Figueroa y el buchón Víctor Taricco, así como por el despido de los 50 compañeros y compañeras de la Orquesta Estable de la RTA. En este contexto de creciente precarización laboral, hacemos un llamamiento a los compañeros trabajadores de prensa de todos los medios, para unirnos y rechazar enérgicamente los intentos de utilización de nuestra fuerzas de trabajo y nuestro capital intelectual. Comisión Interna y Trabajadores de Prensa del Noticiero de la TV Pública | Posted: 02 Nov 2014 08:51 PM PST El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), manifiesta su repudio a la detención del compañero Sergio Giachino, trabajador del diario Sumario de de Alta GraciaEn circunstancias que Giachino se dirigía desde La Paisanita hacia Alta Gracia fue detenido por el cabo Raúl González quien le requirió que se identificara, lo cual resulta extraño ya que en la comunidad todos los vecinos se conocen, y más aún en el caso Giachino, que por su trabajo es una persona de exposición pública. Seguidamente el trabajador de prensa fue demorado en la comisaría de Alta Gracia en donde se labraron actuaciones contravencionales. La rápida respuesta de los trabajadores de prensa y comunicación del lugar, de las autoridades del diario Sumario, del CiSPren y la movilización de vecinos de La Paisanita que se congregaron frente a la puerta de la comisaría, lograron que horas del mediodía el compañero recuperara su libertad. En comunicación telefónica con el Jefe de la Departamental Santa María, comisario mayor Víctor Hugo Herrera, manifestó al CiSPren que la causa será elevada al Tribunal de Conducta Policial y que para preservar los derechos de Giachino, se reolvió el traslado del cabo González. No es un dato menor el hecho que el compañero Giachino venía realizando y publicando una serie de investigaciones relacionadas a irregularidades en la comuna de La Paisanita, localidad próxima a Alta Gracia. Por su parte, el director diario Sumario, Jorge Conalbi, se comprometió a acompañar al trabajador afrontando los costos económicos de una eventual denuncia contra el funcionario policial. El CiSPren se solidariza con el compañero Sergio Giachino, con los trabajadores de prensa y comunicación de Alta Gracia y con los vecinos de La Paisanita al tiempo que reitera la exigencia a las autoridades provinciales que extremen los medios necesarios para garantizar las tareas de los trabajadores de la prensa y la comunicación de Córdoba. Sergio Coria (Secretario de Organización) – Víctor Beccaria (Secretario Adjunto)Foto: Diario SumarioFuente: prensared.orgSumario editó:El periodista del periódico Sumario, Sergio Giachino fue detenido en la comuna de La Paisanita a raíz de un aparente control policial. "Desde la mañana temprano el móvil de La Paisanita, a cargo del cabo Raúl González, merodeaba mi domicilio particular y me llamó la atención. Luego, cuando me subo a la camioneta para venir al trabajo, veo que el móvil policial estaba parado en la esquina de mi casa, cuando agarro el camino hacia Alta Gracia percibo que el móvil me empezó a seguir hasta que me pasó y me cruzó la camioneta por delante en medio del camino. El cabo González me pidió que me identifique luego de presentarle toda la documentación del vehículo y mía me pidió que identifique de quién eran las tres garrafas que llevaba en la caja de la camioneta. Cuando le digo el nombre de los propietarios de las garrafas me dijo que descienda del vehículo que me iba a detener. Al preguntarle cuál era el motivo por el cual tenía que descender y me iba a detener, me amenazó diciendo que me iba a detener por la fuerza, abrió la puerta de mi vehículo en forma muy violenta, me sacó por la fuerza y me esposó", explicó Giachino. Posteriormente, el uniformado secuestró el vehículo y las pertenencias del periodista y lo trasladó a la Departamental de Alta Gracia.
En la dependencia local el Comisario Mayor Víctor Herrera, Jefe de la Departamental Santa María, se interiorizó en el tema y dispuso la inmediata liberación de Giachino. Al respecto, Jorge Conalbi -Director Periodístico del Periódico Sumario- expresó: "Esto fue una barbaridad por parte de un efectivo de la policía, el cabo Raúl González. El Jefe de la Departamental, el Comisario Mayor Víctor Herrera, se portó muy bien. Me dieron garantías de que no lo iban a detener y efectivamente así fue. Le pedí también garantías de que se tomen acciones contra este policía porque esto no da tranquilidad a los vecinos quienes han señalado a este policía por actitudes patoteras contra ellos en La Paisanita". Además, adelantó: "Independientemente de las investigaciones que inicie la Departamental, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, vamos a presentar una denuncia penal contra el autor y sus posibles cómplices".
Vecinos de La Paisanita se solidarizaron con el periodista Giachino y estuvieron presentes en la comisaría pidiendo su liberación.  | Posted: 02 Nov 2014 11:49 AM PST Los autores reciben un 10% del total de ingresos por la difusión en 'streaming' de sus canciones mientras que las discográficas se embolsan hasta un 60% Los datos surgen de una investigación llamada "Una remuneración justa para los creadores de música en la era digital". A través de esa plataforma, los músicos reclaman unos ingresos de al menos un 80% de la facturación total por la explotación de sus obras en Internet. La investigación ha sido llevada a cabo por el Consejo Internacional de Creadores de Música (CIAM) y su principal propósito es implantar un modelo de distribución de ganancias "más equitativo". Este movimiento reivindicativo cuenta con el apoyo de instituciones como la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la Music Creators North America (MCNA) y la Sociedad de Compositores, Autores y Editores de Música de Canadá (SOCAN). Para crear una idea aproximada, hemos de señalar que la CISAC tiene representación en 120 países que incluyen a 230 sociedades de autores. En total representa a unos tres millones de autores de todo el mundo. Los autores exigen una negociación a tres bandasEl responsable del informe, Pierre Lanlonde, señala que la distribución económica "debería revisarse en favor de los titulares de derechos" sobre todo teniendo en cuenta que este modelo será el que se imponga en un futuro próximo entre los servicios de consumo de música. A grandes rasgos lo que se exige es una división de ganancias equivalente entre discográficas y compositores. En cualquier caso, continua el debate sobre la crisis de plataformas. El sector musical no se acaba de ajustar a los cambios que exige la reproducción en streaming y no está claro que las discográficas estén dispuestas a ajustarse a las cifras que se generan desde este soporte. No obstante, a fin de cuentas el gran afectado acaba siendo el músico que cobra hasta seis veces menos por una obra de la que es propietario intelectual. Lalonde insiste además que entre las empresas discográficas y las plataformas de streaming existe una negociación con "falta de transparencia" que viene a dar la espalda al compositor, es decir, las negociaciones se producen de espaldas a los músicos y sin tener en cuenta sus necesidades. Se propone entonces, mediante este estudio, una negociación a tres bandas: para solucionar la situación actual habrán de negociar y ponerse de acuerdo las plataformas de música digital, los sellos discográficos y todo lo que engloba a letristas, intérpretes, compositores y editores musicales. Desde Nashville (Tennessee), uno de los lugares más representativos de la cultura musical norteamericana, ha surgido este estudio. Cabe destacar que es la primera vez que se une una coalición internacional de creadores con vistas a reclamar una transparencia lógica y un reparto de derechos igualitario en lo que respecta a los servicios de música digital. Fuente: Agencia EFE |   |
