| Señales Posted: 06 Oct 2014 01:31 AM PDT
| Edgar Astudillo, el periodista más amenazado del caribe colombiano Posted: 05 Oct 2014 09:54 PM PDT  Por: Edelmiro FrancoEdgar Astudillo (foto) es un periodista con más de 30 años ejerciendo la profesión, sobrevivió a un atentado y es uno de los reporteros que más amenazas de muerte ha recibido en el caribe colombiano, por ser defensor de víctimas de la guerra y del proceso de paz. La última amenaza de muerte la recibió el pasado 24 de septiembre, cuando su nombre apareció en una lista de la banda criminal "Los Rastrojos", junto a otras 22 personas entre quienes figuran el periodista Leiderman Ortiz Berrío, los congresistas Iván Cepeda y Claudia López, así como la exsenadora Piedad Córdoba. En el panfleto que circuló en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, los comunicadores y los dirigentes políticos fueron calificados de "bandidos que apoyan el terrorismo, chavismo, izquierdismo, a las FARC y al ELN". Al gobierno de Juan Manuel Santos, lo acusaron de cómplice y poner en riesgo con los diálogos de paz la política de seguridad democrática, la principal bandera de su antecesor Alvaro Uribe Vélez. Es tan alto el riesgo que tiene Astudillo para ejercer la profesión en el departamento Córdoba, que la Unidad Nacional de Protección (UNP), le puso dos escoltas y un vehículo para que pueda ejercer su profesión. "Yo pensé que ya esta ola de amenazas contra mi vida y mi familia ya había pasado. Soy nuevamente víctima y lo más grave es que a los escoltas la Unidad Nacional de Protección les debo dinero y el vehículo está inmovilizado por falta de gasolina... Siento que mi vida está en peligro", contó Astudillo a Notimex. Hace un año tuvo que salir por varios meses de Montería (capital del departamento de Córdoba), la ciudad donde ejerce su profesión, por una amenaza directa de la banda criminal "Los Paisas", que operan en la región. El departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, es una región que históricamente es estratégica para todos los grupos ilegales: narcotraficantes, paramilitares, guerrilla y traficantes de armas, que operan en este país andino. Es un departamento que tiene empinadas montañas, como el Nudo de Paramillo, pero posee salida al mar Caribe, que es una de las rutas predilectas para las bandas criminales para sacar droga e ingresar armas, dólares e insumos químicos. Un día en la mañana, en julio de 2013, Astudillo iba caminando por una calle de Montería, acompañado de un policía, "cuando de un momento a otro aparecieron varios vehículos, me cerraron el paso, varios hombres se bajaron con armas y me amenazaron… eran de la banda criminal Los Paisas", contó el comunicador. Este hombre, que tiene una voz prodigiosa para el periodismo radial, recordó que ese día, pensó que se iba morir, que difícilmente podía sobrevivir a las armas automáticas que portaban sus agresores. "Yo miraba al policía- recordó- y lo vi como temblaba, casi se orina del miedo. Yo mantuve la tranquilidad y solo escuché cuando me dijeron: todavía no lo vamos a matar… le damos un plazo para que salga de Montería… Le aconsejamos que no duerma esta noche en su casa… ¿sí nos escuchó?… se va o se muere". En ese momento Astudillo, solo tragó saliva, respiró, sintió algo que no podía pasar por la garganta, quizá era rabia e impotencia de la fuerza de la palabra contra las balas de los sicarios, de los narcotraficantes, porque "Los Paisas", son de las nuevas Bandas de Criminales (Bacrim), como las denominan las autoridades. "Eran como las once de la mañana y a las cuatro de la tarde yo ya estaba en el aeropuerto para salir con destino a Bogotá. Estuve varios meses en la capital como desplazado, buscando trabajo para sobrevivir. Es muy pero muy difícil sentirse desplazado", recordó Astudillo. En Bogotá solo permaneció algunos meses buscando trabajo, tocando puertas en las oficinas de periodistas amigos, presentando su hoja de vida en diferentes entidades públicas y privadas. La angustia por sobrevivir "me estaba carcomiendo el cuerpo junto a ese frío tan hijueputa que se siente en Bogotá". Entre julio y noviembre de 2013, Astudillo vivió en casa de su hijo, un joven periodista, que tiene su propio programa radial los sábados en una emisora local, pero la pauta publicitaria no alcazaba para vincular a su padre en el equipo de trabajo. Durante el tiempo que permaneció en Bogotá, Astudillo recibió un auxilio del gobierno equivalente a unos 280 dólares al mes, un monto que difícilmente alcanza para vivir dignamente en cualquier ciudad de Colombia y bajo la zozobra de la muerte. El popular periodista radial del departamento de Córdoba, salía todas las mañanas de la casa de su hijo- en el sur de Bogotá- a recorrer la ciudad, en busca de trabajo y solo encontraba amigos solidarios que lo invitaban a tomar café o a caminar por la Plaza de Bolívar, en donde él jugaba con las palomas que revoletean a diario y que simbolizan el sueño de la paz de los colombianos. "Mi hermano, me cansé de estar recorriendo la ciudad buscando trabajo, de ser desplazado, de tomar café con mis amigos, que por mucho que quisieran ayudarme no podían, pues ninguno era empresario de los medios", comentó entre sonrisas. Astudillo, quien siempre saluda a sus colegas con la frase: "Amigo del alma", a finales de 2013 decidió regresar a su tierra, a sentir el calor del caribe, en donde tiene su familia y ante todo su trabajo en el periodismo regional, apoyando el proceso de paz, a las víctimas de la guerra, pues él está en esa larga lista de seis millones 700 mil personas afectadas directamente por este conflicto de 50 años. Diez meses después del retorno a su tierra natal, es nuevamente objeto de amenazas de muerte de los grupos de la extrema derecha, pero en esta ocasión se resiste a salir de Montería y solo espera que el gobierno de Santos le garantice la seguridad. "Soy víctima de la guerra, pero no quiero ser desplazado", enfatizó Astudillo a pesar de que la muerte lo ronda en Córdoba, uno de los enclaves de los grupos armados de la extrema derecha colombiana. El testimonio de Astudillo, es un caso típico de los riesgos que enfrentan los periodistas colombianos, dirigentes sociales y políticos que le apuestan a la paz, el perdón y la reconciliación, pero cuando hablan de estos temas se convierten en la principal blasfemia para los grupos de extrema derecha. Las amenazas de muerte contra los periodistas siguen en aumento, el pasado 28 de apareció otra lista con los nombres de ocho en el departamento del Valle del Cauca (sur-occidente). En este último panfleto figuran periodistas de los diarios El País, Q'Hubo, El Tiempo, el noticiero Más Pacífico, Caracol Radio y una emisora comunitaria de Buenaventura. Los panfletos fueron firmados por los grupos autodenominados "Los Paisas" y "Los Rastrojos", organizaciones que surgieron después de las desmovilizaciones de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el gobierno de Uribe Vélez ( 2002- 2010). Entre enero y agosto de este año la Defensoría del Pueblo conoció 93 casos de periodistas amenazados (51 más que en 2013) y 56 fueron clasificados con un nivel de riesgo extraordinario, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)". Fuente: Notimex | | La CIDH niega acceso a información sobre nominación de su relator para la libertad de expresión Posted: 05 Oct 2014 09:45 PM PDT El periodista uruguayo Andrés Alsina solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le diera acceso a información sobre el proceso de selección del nuevo relator especial para la libertad de expresión de ese organismo. Su petición fue rechazada. Alsina publicó un artículo en el que explica que, entre otros puntos, solicitó la nómina de las organizaciones que avalaron al designado: el periodista y abogado uruguayo Edison Lanza. Esto, porque informaciones de prensa indicaron que había organizaciones de la sociedad civil interesadas en que el nuevo relator enfrentara a los gobiernos del bloque bolivariano y que, por lo mismo, se oponían a la candidatura del abogado argentino Damián Loreti, quien defendió al gobierno de Cristina Kirchner en el juicio contra el grupo Clarín.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evitó divulgar información solicitada en relación con el proceso de selección del próximo Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, a esta altura ya designado. El acceso a la información la solicitó el autor de esta nota el 1º de agosto, y el 23 de setiembre se recibió por correo electrónico de CIDH, una carta en formato pdf fechada el 20 de agosto y firmada por Mario López Garelli "por autorización del Secretario Ejecutivo" en la cual afirma que se había recibido "su comunicación con mucho interés". Tanto fue el interés que causó que "ésta ha sido trasladada al seno de la Comisión para su consideración", sin fijar ni estimar fecha para la respuesta. La solicitud del periodista Andrés Alsina fue reiterada tres veces sin obtener respuesta alguna, y a los 33 días de su envío inicial, fue publicada en este medio, entre otros del Uruguay. Allí se especificaba que el plazo máximo para responder una solicitud de acceso a la información es, según la legislación uruguaya, de 20 días, siendo la mitad en legislaciones modelo. El intento de darle fecha adecuada a la respuesta en la que se dice que no se responde la solicitud, es lo que explica la diferencia de fecha entre la formal consignada en la carta, 20 de agosto, y la real del correo electrónico con la carta, enviada por la señora Flor Elba Castro ( FCastro@oas.org), el 23 de setiembre. Los cuatro puntos de la solicitud de acceso que pasan sine die a consideración de la tan honorable Comisión son: - Listado y copia de las observaciones recibidas, respecto de los candidatos finalistas, durante el mismo período reglamentario, sin perjuicio de solicitar su exhibición pública como muestra de transparencia activa.
- Acceso y Exposición pública de presentaciones efectuadas por los candidatos en materia de plan de trabajo u otras complementarias a las hojas de vida publicadas.
- Acceso y Exposición al listado de las preguntas formuladas a cada candidato.
- Si existen registros de las exposiciones de los mismos en las entrevistas, solicito acceso a tales constancias y su exhibición.
La solicitud tiene además un primer punto que merece una especial consideración por la tan honorable Comisión: "Listado y exposición de los avales para cada uno de los candidatos finalistas en el proceso de selección del nuevo Relator Especial de Libertad de Expresión de la CIDH, recibidos en el plazo de exhibición de las hojas de vida 1/5/14 al 31/5/14 de conformidad a la convocatoria publicada sin perjuicio de solicitar su exhibición pública como muestra de transparencia activa." Al respecto, afirma que respecto de las comunicaciones recibidas en relación a este punto, "la Comisión consideró que en vista (de) que no había previsto que dicha información sería divulgada, ésta no fuera difundida en esta ocasión. En el futuro, tendrá en cuenta esta recomendación en el proceso de selección". El futuro es dentro de tres y más probablemente seis años si se le renueva el mandato al electo Edison Lanza dado en estas condiciones de parquedad. Y la perentoriedad y actualidad de la información se diluye en transformar su solicitud en una recomendación. El periodista Alsina no le hizo ninguna recomendación a la tan honorable Comisión sino que le pidió acceso a información que la CIDH posee y cuya reserva o secreto no está avalado por resolución fundada alguna. Es cierto (decía la solicitud) que "el encuadre jurídico de la solicitud es más doctrinario que regulatorio, toda vez que la Comisión, hasta donde conozco, no cuenta con reglamento específico en la materia de acceso a la información". Pero también es cierto que la solicitud también alegó dos puntos a los que la tan honorable Comisión omite toda referencia. El primero son resoluciones de OEA de 2009 y 2010 que se refieren al acceso a la información pública como instrumento de fortalecimiento de la democracia y el segundo aprueba la ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública con bellas palabras: "es un derecho humano fundamental y una condición esencial para todas las sociedades democráticas; el derecho de acceso a la información se aplica en sentido amplio a toda la información en posesión de órganos públicos, incluyendo toda la información controlada y archivada en cualquier formato o medio, el derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de la información y las excepciones al derecho de acceso a la información deberán ser clara y específicamente establecidas por la ley", y un largo etcétera. El otro punto es que CIDH emitió comunicado con mención a una serie de apoyos recibidos por los diferentes candidatos limitadas las referencias a los diversos orígenes geográficos de los avales, sin indicar organización ni beneficiario. Al mismo tiempo, diversos medios de comunicación de la región informaron sobre observaciones y avales recibidos por los candidatos. Al no haberse dado a conocer ni las audiencias de las entrevistas, ni los planes de trabajo eventualmente propuestos, ni las preguntas ni respuestas que tuvieron lugar en este proceso, se hace la solicitud de acceso a información. Cabe preguntarse qué es tan importante que no se da a conocer; qué avales, qué organizaciones están interesadas en qué. La solicitud de información pública, en posesión del organismo interamericano y no restringida en su divulgación, es urgente y necesaria para la transparencia del proceso en el cual se nombra al defensor no sólo de la libertad de prensa sino, tal cual dice la propia CIDH, "principalmente al defensor de las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión". La perentoriedad de la información se exacerba cuando sale al público el nombre de algunas organizaciones interesadas en la designación de unos y las razones por completo ajenas a la libertad de prensa pero propias de la libertad de empresa con las que presionan. Como la cadena O Globo. En su sitio del 27 de junio, hay una nota de la corresponsal en Washington Flávia Barboza en la que este grupo que tiene el monopolio de hecho de la televisión brasilera impugna desde la misma bajada de un título informativo del tema de la entonces próxima elección, la candidatura del argentino Damián Loreti. Agrega que lo hace por haber defendido el abogado Loreti al gobierno de Cristina Kirchner en el juicio contra el grupo Clarín. Adjudica su preocupación por esa candidatura a fuentes imprecisas, como "observadores de la sociedad civil". El nuevo relator, dice la nota, "tiene la tarea de defender la relatoría de los inclementes ataques de las naciones bolivarianas, notoriamente Ecuador y Venezuela. Seis candidatos disputan el puesto y observadores de la sociedad civil tienen reservas sobre un fuerte postulante: el argentino Damián Loreti". Esta no es la consignada tarea de ser "principalmente defensor de las personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de pensamiento y de expresión", sino una politización del tema. La única fuente identificada que cita es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch, que va en el mismo sentido de politización. Éste considera que "lo que está en juego en estas elecciones es inmenso", no sólo por la necesidad de continuar la obra de la titular saliente, Catalina Botero, sino por "la ardua tarea de contener la obsesión bolivariana de debilitar a las organizaciones americanas que desafían su perfomance democrática y sus políticas". Un cuerpo de siete miembros de la CIDH eligió entre los postulantes a Edison Lanza como Relator Especial de Libertad de Expresión. No se encuentra en la respuesta de CIDH razón alguna para no reiterar el pedido de informes hecho, para saber cómo y por qué lo eligieron. Si no es indiscreción. Publicado en los periódicos 7N y Noticias, de Treinta y Tres el jueves 2 de octubre de 2014. Lee aquí el artículo completo publicado por Andrés Alsina en Noticias de Treinta y TresLa Falta de recursos, desafío para nuevo relator de la CIDHAbogado y periodista de larga trayectoria en la defensa de la libertad de expresión, Edison Lanza parece más que preparado para su nueva función como relator encargado de velar por esos derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aptitudes como recaudador de fondos y saber manejarse con personal reducido tampoco le vendrían mal. Uno de los principales problemas que enfrentó la relatora saliente Catalina Botero durante sus seis años en el puesto fue la falta de recursos para cumplir su función en una región en la que abundan las denuncias de que la libertad de expresión está siendo cercenada
"Tres abogados no alcanzan", afirmó Botero, quien entregará el cargo a Lanza el lunes. "Tengo tres abogados, una persona que me ayuda con los proyectos, una periodista y una asistente administrativa. Eso es todo el equipo de la relatoría", declaró a la Associated Press.
Agregó que la relatoría tiene un presupuesto de un millón de dólares que obtiene de donantes, ya que la Organización de Estados Americanos, a la que está adscripta la CIDH, no aporta un centavo. "Comprenderás que para 35 países...", dijo Botero, quien es colombiana, sin completar la frase.
"Te estoy hablando de la amenaza del crimen organizado, de la obligación de generar estándares en materia de protección que sean viables, porque no le puedes pedir a los estados que hagan cosas que no pueden hacer.
Para eso tienes que entender la realidad de los estados, tramitar casos, asesorar a la gente, estudiar medidas cautelares. Además, unas cuatro visitas a la región al año y publicar tres informes temáticos como el de internet, el de acceso y el de violencia este año, y ya. Ahí se te fue un millón de dólares".
Botero explicó que cuando se creó la relatoría en 1998, "la CIDH no tenía recursos y le pidió que buscase sus propios recursos", lo que ha hecho desde entonces.
"La relatoría diseñó un plan estratégico, que aprobó la CIDH y todos los órganos técnicos de la OEA, y esa agenda la puso a competir en competencias de cooperación internacional. Y nos ganamos todos los concursos", señaló.
La falta de recursos es tal que Botero dijo que se siente "en deuda con muchas personas que han necesitado mayor apoyo de la oficina". No dio ejemplos específicos.
Lanza trabajó como periodista en diversos medios de comunicación de su Uruguay natal, como consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, como abogado del sindicato de periodistas del Uruguay y como docente universitario, según la biografía de la CIDH. Además, ha presentado casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Fue elegido por sobre otros 48 postulantes al cargo. "He dedicado toda mi vida a la libertad de expresión", declaró Lanza a la AP. "Me da placer trabajar en todo esto. Sé que es un tema difícil en la región, pero bueno, supongo que ahí también se pueden hacer muchas cosas como lo han hecho los relatores anteriores".
Lanza se negó a hablar de países en particular, pero sostuvo que el periodismo y los activistas "nunca pueden ser las primeras víctimas" incluso en naciones con intensa polarización ideológica.
Aseguró, no obstante, que "en aquellas situaciones donde corroboremos que pueda existir el peligro de que haya una violación a la libertad de expresión y lo tengamos que manifestar y tengamos que actuar, lo vamos a hacer". "Lo cortés en este caso no quita lo valiente".
Lanza deberá lidiar con situaciones volátiles sobre todo en Ecuador y Venezuela, los países con problemas más graves de violaciones a la libertad de expresión, según el último informe de la Relatoría.
El informe señaló a las autoridades ecuatorianas de amenazar a periodistas, abusar de las cadenas televisivas, emitir sentencias penales por ejercicio periodístico, acosar a organizaciones denunciantes y de regular excesivamente el acceso a la información pública con una ley orgánica de comunicación.
El apartado para las denuncias en el caso venezolano fue más extenso, e incluyó agresiones, amenazas y detenciones de periodistas y destrucción de sus materiales, prohibición de acceso a funcionarios y organismos públicos y la existencia de normas sancionatorias ambiguas o desproporcionadas que permiten abrir procesos judiciales y administrativos de manera discrecional.
Botero dijo que esas dos naciones andinas son los "los países de mayor preocupación" en relación con una de las dos tendencias negativas más importantes de la región: la captura de la escena pública por parte del discurso de funcionarios estatales.
La otra gran tendencia regional negativa es el crimen organizado, al que Botero describió como el principal eje de violencia contra periodistas. Al respecto, dijo que no se puede eximir a los gobiernos de su responsabilidad de proteger a la ciudadanía cuando el crimen organizado atenta contra periodistas.
"Cuando uno dice crimen organizado pareciera que uno dice que está relevando de responsabilidad a los estados, y me parece que eso es equivocado", señaló Botero.  | | TV Digital: una carrera golpeada por indiferencias Posted: 05 Oct 2014 09:18 PM PDT Sudamérica arrancó tarde en el proceso de migración hacia la democrática TV digital y el Perú está entre los más rezagadosEdwin tiene 14 años y no pierde la respiración si le prohíben ver televisión (dadas sus malas notas), pero arma un Waterloo si le quitan su iPhone. Y no es que no pase 15 horas a la semana viendo TV – la media según Concortv–, sino que en Internet consigue de todo. Se pasa el día viendo videos musicales en YouTube, mira los capítulos de las series gringas al día siguiente de su emisión en la tableta, descarga películas vía Netf lix, comparte y comenta su última travesura audiovisual en Facebook y sabe cuando llegan las zapatillas que le encantan por Twitter. La televisión para él es prescindible. Él no representa al peruano promedio, sino a una élite. Está dentro del 20% de personas con smartphone, del 40,2% que tiene TV por cable y del 39% con banda ancha en casa. Él es 100% digital, para él no está dirigida la televisión digital (TDT). "Los usuarios hoy han cambiado su consumo de medios. Tienen más información y son poco colectivos... ya no depende de los medios, sino que a través de cualquier dispositivo móvil buscan y ven lo que quieren en el momento que quieren, solos o acompañados. Los smartphones hoy son una realidad y las empresas de TV deben tomar conciencia de ese consumidor multiplataforma que tienen", advierte Graciela Rubina, directora del IAB(Interactive Advertising Bureau), quien asegura que la publicidad en Internet es la que más crece (subió 32% y bordea los US$47 millones), la de videos se duplicó en un año (de 3% a 6% del total online) y en móviles se triplicó. Ella sabe que, según Deloitte, el 24% de los usuarios móviles cuando ve TV en simultáneo está viendo otra pantalla más chica y cada vez habrá más gente así. Pero esos usuarios cosmopolitas limeños, si bien siguen el ritmo de consumo mundial, no son la mayoría. El usuario común es Juan, un chico de 14 años que solo revisa el 'face' dos veces por semana, no hace la tarea con Wikipedia, es fanático de "Esto es Guerra" y pertenece a las mayorías, esas que en un 59,8% no tienen TV paga (con cable legal o pirateado), en un 70% usan un celular prepago (sin saldo casi siempre) y en un 61% no tienen Internet en casa, pero sí tienen TV (casi 100% según Concortv). Y es para ellos que el Gobierno pasado eligió un estándar de Televisión Digital Terrestre (TDT), es decir la emisión y transmisión en alta calidad (HD) vía las señales abiertas de televisión, esa que viaja gratis por el aire y gusta en exceso a los políticos porque es el medio por excelencia para llevar mensajes a las masas. "La TV es y seguirá siendo aquí la reina de las comunicaciones por muchos años más", advierte Eric Jurgensen, gerente general del Canal 4, quien sabe que tiene la mitad de la torta publicitaria (alrededor de US$400 millones). El gran problema hoy no es la brecha existente, que ya de por sí califica como negativa, sino que vamos un poco lentos en el camino a implementar esa nueva forma de hacer televisión y encima hemos retrasado su inicio cinco años más, lo cual puede acrecentar la citada brecha, porque ni la oferta de TV paga crecerá más allá del 50% en los próximos años (mientras no haya una drástica lucha contra la piratería imperante); ni el consumo de Internet móvil será viable para más del 25% sin una mayor inversión en infraestructura (que se estima en US$20 mil millones). "Empezamos tarde, vamos despacio y si no se llega en el 2019, la TDT va a morir tal como ha sido ideada", advierte Pablo Bello, secretario general de AHCIET (Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones). Al final de la cola Fuimos el segundo país en elegir el estándar de transmisión digital japonés brasileño en la región, y si bien arrancamos a diseñar el plan cuando Estados Unidos ya estaba en pleno apagón analógico, luego de 15 años de gestionarlo, no íbamos retrasados. Hoy la fotografía es otra porque seremos el último del grupo latinoamericano en apagar la señal analógica (2025, en teoría), advierte Oscar Montezuma, socio de Montezuma&Porto. México, por ejemplo, hará su apagón analógico el próximo año y lo está logrando porque sus políticas públicas fueron más acertadas y diseñaron un plan de acción minucioso. El especialista explica que sabían que la mayoría de los 15,3 millones de hogares que dependen de la televisión analógica están ubicados en zonas de alta marginación y con bajo poder adquisitivo y es por eso que a estos grupos les han otorgado el equipo sin costo. Además, diseñaron facilidades para la importación de televisores a menores costos para poder comercializarlos a un precio razonable. Montezuma reconoce que los procesos de transición en la región no han estado exentos de postergaciones y problemas, incluido Brasil que tuvo que retrasar dos años su apagón hasta el 2018, pero le preocupa la falta de una serie de políticas concretas para solucionar el problema que justificó la postergación anunciada por el MTC. Tampoco estamos tan graves como El Salvador, que tenía programado el apagón para el 2018 y ha tenido que suspender todas sus acciones por una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, Chile, Colombia, Argentina y hasta Venezuela nos llevan más de cinco años de ventaja. Para agilizar el proceso países, como Cuba, han optado por otorgar sin costo los decodificadores (hasta el mismo Brasil lo hace así en determinados lugares) además de fabricar receptores híbridos económicos y ofrecer planes de financiamiento especiales para que las estaciones emisoras de TV puedan migrar. Eso, además de intensas campañas de comunicación motivando a la población a ver los beneficios del cambio, los cuales, recuerda Carlos Valdez, director de Ingeniería Electrónica en la UPC, pueden impulsar a la población a desear ver TV de alta calidad, esa que, según Jurgensen, te deslumbra. Y no solo se trata de democratizar el acceso a la alta calidad (ver imágenes sin lluvia) y llevarlo a quien no puede pagar la TV por cable, explica Valdez. Dicha televisión tiene múltiples usos para telemedicina, gobierno electrónico, educación a distancia, prevención de desastres y más. Los orígenes de la tortuga Cuando Édgar Guevara Soto , director de la ONG Medios Perú de Radio Televisión, alertó sobre la reciente postergación del plazo de inicio de transmisión digital por cinco años en nuestro país (debió empezar en julio y lo movieron hasta el 2019) advirtió que algunos canales de televisión estaban de acuerdo porque aún no estaban listos y necesitaban más tiempo, pero otros estaban indignados porque habían gastado, estaban preparados y hoy no tienen cómo recuperar la inversión. Algunos gerentes de canales, que prefieren mantener su nombre en reserva, están incómodos porque sienten que se favorece a grupos como Corporación Universal (de la familia Capuñay), quienes en el 2018 lanzarán un canal digital en la señal que compraron el año pasado, pero todavía no está listos para emitir. Otros, como Watson Ramírez (Vía Televisión), aseguran que están listos desde el 2012, cuando invirtieron US$150 mil en equiparse, pero no pueden transmitir porque Tarapoto pertenece al territorio 4 (el apagón se hace en fases según zonas) y el MTC no tiene aún canales digitales para asignarle. Y están también los que, como Milton Zevallos (Canal 21 de Huancayo), aún no están listos porque no tienen el capital (mínimo US$50 mil por estación según los mismos proveedores) y les favorece la postergación, pero están descontentos con el plan, el cual sienten que es discriminatorio porque en Lima pueden hacer transmisiones en simultáneo (digital y analógico) hasta que el mercado esté listo, pero a ellos los obligarán a apagar lo analógico y solo hacer digital. En Lima hay, en general, satisfacción porque existe más tiempo para prepararse hasta que el mercado esté listo. Jurgensen explica que las grandes cadenas están emitiendo en digital desde el 2011, pero solo una parte de su producción es digital porque aún no hay suficiente audiencia. Ellos han invertido US$6 millones en una primera tanda, pero tienen claro que serán US$20 millones en promedio para dar el salto total. La publicidad crece en forma sostenida, pero se transmite en ambos canales sin costo adicional, aun cuando es claro que es más caro trabajar en simultáneo dos tecnologías porque se consume el doble de energía. Pero no les queda otra: no hay aún audiencia suficiente (ni mediciones de ráting) para justificar publicidad que pague una emisión gratuita exclusivamente digital. ¿Qué pasó con la audiencia? He ahí el origen del retraso que acrecienta la brecha. El MTC explicó que solo el 20% de los 5 millones de TV digitales que ingresaron al país desde que se decidió la migración cumplen con incluir el decodificador que se necesita (estándar japonés-brasileño). Jurgensen añade que solo 110 mil hogares de los 3 millones que usan TV por cable tienen un decodificador en HD. Este bajo volumen tampoco justifica publicidad especial para ellos. El 80% de los que compraron un televisor no tienen decodificador y no pueden recibir TDT, porque la señal digital no se recibe a medias, o se decodifica o no. Valdez considera que esto es una grave consecuencia de una falta de políticas y normas claras prohibiendo el ingreso de televisores digitales que no sirvan para la señal digital abierta local. "Pecaron por inacción", lamenta. "Sin prohibir el ingreso de televisores con otro estándar, por ley no hay forma de crear masa crítica de consumidores", añade Bello,quien asegura que en Chile todos los TV entran listos y sin que cuesten más (su precio es el más bajo de la región). La falta de políticas públicas que ayuden al emisor (canales) y al receptor(venta de televisores o decodificadores) a realizar las inversiones ha generado todos estos problemas, afirma. Pero eso no es todo. La señal, coinciden los entrevistados, podría recibirse en los celulares si el MTC hubiera decretado que todos los smartphone incluyan dicha capacidad. Los operadores son indiferentes al tema y tal pareciera que el MTC, el encargado de las políticas, también le es indiferente a la promoción del tema. Si no se observan otros procesos en la región y se modifican las políticas, el apagón analógico se seguirá postergando y terminará siendo más complicado y doloroso para el mercado que una cirugía sin anestesia en la aorta. Un mercado dinámico al que le falta regulación Casi el 100% de peruanos tiene televisor. En Lima, según Dominio Consultores, la penetración de la TV LCD / LED / Plasma (pantalla plana) es del 82% incluyendo al segmento A, B, C y D. Las ventas, de acuerdo con Fernando Oda (Samsung), crecen 20% al año y solo dos marcas concentran el 70% del mercado con una demanda pareja al interior, aunque en el segmento E solo 2% tiene pantalla plana. La categoría de TV de más de 46 pulgadas es la que más está creciendo este año según Sony y el Mundial, indica Rodrigo Borja (GFK), elevó en 80% las ventas. Borja dice que la mitad de los 1,1 millones importados este año serán 'smart' y aclara que ya el 60% de lo que se vende viene con estándar japonés brasileño. Pero Crisólogo Cáceres (Aspec) se lamenta de que en las tiendas aún no están etiquetadas las TV y la gente no sabe si su compra incluye decodificador. Fuente: El Comercio | | Trabajadores de LU33 ganaron una demanda por despido: cobrarán 5 millones Posted: 05 Oct 2014 08:27 PM PDT La jueza civil Susana Fernández condenó al empresario mendocino a pagar una cifra de 5.000.000 pesos a 21 trabajadores en carácter de indeminización por los despidos en LU33 Emisora Pampeana cuando el empresario abandonó la radioLa radio nació como una emisora vinculada al Estado y en 1991 fue concesionada y la licencia pasó a manos de la familia Legnani. En 2005 el empresario Catena compró las acciones, hasta que en 2009 se desvinculó. El expediente "Aristoy Zapata, Natalia y otros con Radiodifusora Pampeana S.A. y otros sobre despido indirecto" fue tramitado en el Juzgado Civil 1 de Santa Rosa, a cargo de Susana Fernández. El reclamo se inició en julio de 2010 luego que un año antes se despidiera a los empleados y éstos denunciaran "vaciamiento" de la emisora. Los mismos trabajadores mantuvieron en pie la radio luego que conformaran una cooperativa. Además hace solidariamente responsable a la firmas Radiodifusora Pampeana SA, Ikelar SA y Luceca SA, integradas por César Alfredo Catena. La sentencia es del 25 de septiembre pasado. El reclamo laboral se inició en julio de 2010. La trama del juicio fue que Cesar Catena se quiso desprender de la radio sin reconocer la carga laboral que tenía con los trabajadores. El fallo -del juzgado civil Nº 1 a cargo de Susana Fernández- da por probada la situación de abandono de la radio por parte de Radiodifusora Pampeana SA. "No obstante que la relación laboral de los trabajadores lo era con Radiodifusora Pampeana SA, eran las sociedades titulares del paquete accionario - Ikelar SA y Luceca SA- quienes ejercían la dirección y administración de la empresa a través de su representante, César Alfredo Catena", señala. "Asimismo, fueron dichas sociedades quienes el 27 de julio y el 3 de agosto de 2009 comunicaron a los trabajadores su desvinculación con la sociedad empleadora, dejándolos en una situación de total y absoluta incertidrumbre respecto a su situación laboral, al punto que el 7 de agosto se vieron obligados a intimar el pago de los salarios del mes de julio", explica el fallo. "Siendo que quienes detentaban el 100% del paquete accionario de la patronal y que se encontraban a cargo de la gestión de la empresa se presentaron a los trabajadores como "totalmente ajenas a Radiodifusora Pampeana S.A.", mal podría concluirse en la inexistencia de abandono de la relación y por ende de injuria laboral, máxime cuando ninguna otra empresa o particular, que no fueran los propios trabajadores a través de un "comité de gestión", se hizo cargo del ejercicio de las funciones de administración de la sociedad empleadora", explica. "No obstante ello, los trabajadores, en carácter de "empleados de Radiodifusora Pampeana" continuaron poniendo su fuerza de trabajo a disposición de la empleadora en LU33 y Power 103.7 a través de un "comité de gestión", asumiendo "todas las operaciones en ambas emisoras" con la finalidad de asegurar "la continuidad de las transmisiones y compromisos asumidos con los auspiciantes"", dice la jueza, invocando lo que expresaba el Acta de Asamblea de Empleados de Radiodifusora Pampeana del 12 de agosto de 2005. Más adelante dice: "Indudablemente era el señor César Alfredo Catena quien tenía a su cargo la gestión inmediata de las emisoras radiales. Ello infiero de las declaraciones del contador Peralta, asesor contable de Radiodifusora Pampeana SA entre octubre de 2006 y septiembre de 2008, quien testimonió que fue llamado por Catena para prestar ese servicio, arreglando con él las condiciones de la vinculación. Además, el testigo señaló que fue el codemandado quien designó a los coordinadores de la radio, (Claudia) Camiletti y (Gustavo) Loggia, se hacía presente periódicamente solicitando informes de la situación económica y financiera de la empresa, y mantenía con él reuniones al efecto. También la señora (Rosana) Bailo coincidió en sus dichos, afirmando que fue el señor Catena quien le propuso la coordinación de la emisora y era él quien impartía las órdenes y daba las instrucciones sobre el manejo de la radio. La testigo aseguró que "hablaba con él, directamente con él"; que fue el señor Catena quien la puso a prueba y se hacía presente en la radio donde tenía una oficina a su disposición", dice la jueza Fernández. Además César Catena cumplía funciones de administrador para Ikelar SA y Luceca SA, según las pruebas obrantes en el expediente administrativo Nº 1136 ComFeR/06. "Precisamente, fue el mismo señor Catena quien presentó al ComFeR la declaración jurada de inhabilidades o incompatibilidades "a los fines de obtener una licencia de servicio de radiodifusión (en representación de Ikelar SA) acompañando la certificación sobre acciones y participación en sociedades, de la que surge su participación en Ikelar SA con el 45% del capital social y en Luceca SA con el 80% del capital social", dice. César Alfredo Catena se comportó como "dueño" de las emisoras radiales, dice el fallo. . "Era él quien mantenía el contacto en forma directa con el contador Peralta -a cargo de la administración contable y financiera- y con la señora Roxana Bailo, encargada del manejo y desempeño del personal. Fue también el señor Catena quien presentó al ComFeR todos los antecedentes personales y patrimoniales para obtener la licencia de las emisoras radiales; y lo más relevante, era él junto a su esposa los únicos accionistas de Ikelar SA, detentando además el 80% del capital social de Luceca SA, siendo éstas dos sociedades las que figurraban como propietarias del 100% de las acciones de Radiodifusora Pampeana SA", detalla. "Siendo que conforme las disposiciones de las normas societarias, tanto los administradores como los representantes de los entes societarios deben actuar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios, mal podía resultar ajenas al conocimiento, control e incumbencia directa de César Alfredo Catena las maniobras dirigidas a incumplir las obligaciones consecuentes del contrato de trabajo de las sociedades que integraba y controlaba, a su vez dueñas de Radiodifusora Pampeana SA", dicela sentencia. El fallo otorga las indemnizaciones a los trabajadores Natalia Lorena Aristoy, Jose Luis Barreiro, Maria Ester Bertera, Daniel Alberto Blandi, Sandra Rosana Cantera, Javier Andres Ernst, Maria Laura Frank, Hugo Anibal García, Sergio Daniel Garello, Graciela Analia Ibarra, Carlos Gustavo Loggia Reynoso, Jose Ernesto Maidana, Jose Arturo Miranda, Marcelo Adrian Monsalvo, Rafael Oviedo, Franco Nahuel Pastrana Pedraza, Griselda Mirta Polero, Marcelo Andres Reynoso, Carlos Romualdo Richard, Hermes Ricardo Torra y Ricardo Sebastian Zorzi. El reclamo prosperó por una suma actualizada a la fecha de aproximadamente $ 5.000.000 para los 21 empleados que reclamaron. Fuente: El Diario de La Pampa  |   |
